Human Rights Watch: Maduro está bajo la mirada de la justicia internacional

En entrevista con DW, Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas y experta en Venezuela de HRW, analiza el informe emitido por la Misión Internacional de la ONU sobre crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela por el régimen chavista de Nicolás Maduro.


¿Cuál es la importancia del informe de la Misión Internacional de la ONU cuyos resultados conocimos ayer?

El informe es importantísimo. Es una acusación sólida y bien hecha sobre la participación de altos niveles del régiemn de Maduro en crímenes contra la humanidad. Quedan documentados casos de ejecuciones, detenciones con motivaciones políticas, torturas y abusos contra manifestantes. Además, dice explícitamente que altas autoridades, incluyendo a Maduro, a su ministro de Defensa, a su ministro del Interior, a Diosdado Cabello y decenas de funcionarios de inteligencia, o sabían o debían de saber lo que estaba pasando, porque no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de políticas de Estado. El informe sienta la base para que la Corte Penal Internacional avance en su investigación sobre la responsabilidad penal individual de Maduro y otras personas en la comisión de estos delitos.

Es decir, para que se haga justicia contra quienes cometieron esos crímenes…

Hay que entender este informe en un contexto en el cual en Venezuela no hay justicia. De hecho, el texto dice que la Justicia ha sido cómplice activa de estos delitos. No solo dejando de actuar, sino participando activamente en los procesos penales arbitrarios, en ignorar las torturas, etc… El informe permite abrir la puerta para que haya justicia a nivel internacional. Y la CPI tiene la facultad de investigar y sancionar a personas individuales. Y Maduro hoy está en la mira.

El régimen de Maduro ha reaccionado diciendo que se trata de un informe hecho a distancia y con una metodología inconsistente…

Se ha hecho a distancia porque no los quisieron dejar entrar, porque no se les autorizó a pesar de varias solicitudes, pero el informe está basado en testimonios directos, en la revisión de expedientes… Hay muchas víctimas de violaciones de derechos humanos que salieron de Venezuela y han podido testificar. Además, fueron entrevistados funcionarios judiciales que hoy están en el poder o que salieron recientemente y miembros de las fuerzas de seguridad. Es decir, hay testimonios de dentro.

Están previstas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2020. ¿Puede este informe servir para articular a la atomizada oposición venezolana en torno a él?

Hoy no se dan las condiciones para que haya elecciones libres y confiables en Venezuela y en eso están todos de acuerdo. La oposición está dividida en cuanto a la estrategia, pero no en cuanto al diagnóstico, por lo que imaginaría que la oposición apoya un informe como este, que plasma negro sobre blanco la realidad del país. La división hoy es sobre si se pueden dar las condiciones y sobre si se puede empujar al régimen a posponer las elecciones y a que se celebren en unas condiciones en las que haya observación internacional, unos comicios razonables para participar. Que eso ocurra dependerá del nivel de la presión internacional y un informe como ese lo que hace es elevarla.

¿De qué manera puede articularse la presión internacional de la UE, que siempre apostó por una solución negociada, a partir de la publicación del informe?

Hay varias cosas puntuales en las que la UE puede jugar un papel fundamental. En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se va a discutir una resolución para extender el mandato de este grupo de expertos que ha elaborado el estudio sobre violaciones de derechos humanos. El grupo fue creado en septiembre de 2019 con un mandato de un año para presentar un informe que evaluara los crímenes más graves de violaciones de derechos humanos. Ese es el texto que salió ayer.

Ahora el grupo está debatiendo una resolución para extender ese mandato por dos años más y ampliarlo para que pueda preservar evidencias utilizables en un proceso judicial. Y los países de la UE con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos tienen la posibilidad de apoyar esta iniciativa, que está siendo liderada por países del Gurpo de Lima, para mantener la presión internacional.

¿Y las negociaciones que actualmente lleva a cabo Capriles con el régimen de Maduro?

En Venezuela no estamos ante partes iguales. Por un lado estamos ante un régimen represivo, que, como el informe dice, comete crímenes contra la humanidad. Y por otro lado, una oposición que trata de establecer condiciones para un retorno a la democracia. La única manera de lograr una salida democrática es una negociación en serio y para eso hay que tener un diagnóstico claro y poner condiciones para sentarse a la mesa a negociar. La UE debe avanzar en el tipo de pronunciamientos que ha hecho sobre Venezuela y con las sanciones contra jerarcas del régimen, porque eso los va a obligar a sentarse a negociar.

¿Y cómo es el proceso para ver sentados en el banquillo de la Corte Penal Internacional a Gobiernos acusados de crímenes contra la humanidad?

Son procesos muy largos. El examen preliminar de la Fiscalía se abrió en febrero del 2018, esa es la etapa inicial y a partir de ahí se avanza. Cuando hay información o evidencias suficientes se pasa a una investigación formal de la Fiscalía y luego el juicio. Esperamos que un informe como el de ayer, con datos concretos sobre la responsabilidad de los más altos niveles, contribuya a avanzar más rápidamente desde la investigación preliminar hasta la investigación formal.